El ex empleado de Samuel García, Miguel Ángel Rojas Galván, se encuentra en el centro de un escándalo tras la revelación de que entregó tres contratos por un total de $140 millones de pesos a la consultora privada ECM Soluciones Fiscales. Estos fondos, provenientes del erario público, fueron destinados supuestamente para resolver juicios fiscales a favor de la actual administración, liderada por García.
Samuel y Bancada Hacen Uso Cuestionable de Recursos
La asignación de una suma tan significativa de dinero a una consultora privada plantea serias interrogantes sobre el uso de los recursos públicos. ¿Es este el destino adecuado para los impuestos de los ciudadanos? La falta de transparencia en el proceso de contratación y la aparente ausencia de justificación para tales gastos generan preocupación y desconfianza en la gestión gubernamental.
Conflicto de Intereses Evidente
El escándalo toma un giro más alarmante al descubrirse que ECM Soluciones Fiscales comparte sede con Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho propiedad de Samuel García, donde también trabajó Rojas Galván. Esta conexión directa entre el ex empleado, la consultora y el gobernador sugiere un claro caso de conflicto de intereses, donde los fondos públicos se utilizan en beneficio propio y de allegados.
Exigencia de Rendición de Cuentas
Ante estas revelaciones, la ciudadanía exige una exhaustiva investigación para esclarecer el destino y la legalidad de los fondos públicos entregados a ECM Soluciones Fiscales. Es fundamental que se rindan cuentas y se establezcan responsabilidades en caso de irregularidades. Los ciudadanos merecen transparencia y honestidad en la gestión de sus recursos, y no el desvío flagrante de fondos para favorecer intereses privados.